Afiliaciones de trabajadores domésticos son las que más cayeron en Ecuador
-- Fuente: el comercio
La crisis por el covid 19 puso en evidencia las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, así lo señala el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia”, presentado el pasado 20 de octubre del 2021, afirma que las personas más afectadas son esencialmente las mujeres en el empleo doméstico.
Según la OIT, las afiliaciones de trabajadores domésticos fueron las que más cayeron en el 2020. Estas reportan una disminución del 25% en el caso de Ecuador.
Luego siguen las afiliaciones de trabajadores del sector privado que en el país cayeron 12%. Mientras que la caída de las afiliaciones de servidores públicos fue de 3%.
El estudio señala que, antes de la pandemia, sólo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social. Las afiliaciones, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, incluían apenas 46% de los ocupados.
“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, dijo Vinícius Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, al presentar el estudio.
El directivo señaló que la protección social es fundamental para la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la vez que facilita la transformación productiva y la mejora de la productividad.
El informe destaca que, como consecuencia de la crisis por el covid 19, se estima que las afiliaciones a la seguridad social registraron una baja de 7,9% en el número de afiliados, lo que significó un retroceso de casi una década.
Al mismo tiempo, en el último año y medio la emergencia sanitaria y sus consecuencias colocaron bajo una presión sin precedentes a los sistemas no contributivos, que dependen de recursos fiscales, y que fueron esenciales para amortiguar el impacto de la crisis.
A junio de 2021 se habían implementado 273 medidas no contributivas en la región, de las cuales un 64% fueron programas nuevos y el resto adaptaciones de programas existentes.
El informe agrega que las políticas más usuales para proteger los empleos y los ingresos fueron la entrega de alimentos y atención en la nutrición y políticas enfocadas en la salud.
El informe recuerda que existe una correlación entre la desigualdad y la afiliación a la seguridad social. Solo entre el 20 a 40% se afilian cuando forman parte de los quintiles de población de menores ingresos. De igual forma, a medida que las unidades económicas crecen, mayor es la cobertura.
En empresas con 20 o más personas, todos los países tienen una cobertura que supera el 60 e, incluso, el 80%. Contrariamente, en su mayoría las unidades económicas con cinco personas o menos presentan un nivel de cobertura inferior al 20%.
En el caso de la seguridad social para las personas de mayor edad, se plantea que este es “un desafío pendiente”, ya que según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.
Entre los mayores, 47,2% recibe solo pensión o jubilación, 7% recibe tanto una pensión como ingresos laborales, y 14,9% solamente ingresos laborales.