Venta de seguros cae 23%, mientras sube siniestralidad asociada al COVID-19

Una caída del 23 % en ventas ha registrado el sector asegurador en los meses de abril y mayo, con respecto al mismo periodo en 2019.

La prima neta acumulada entre enero y mayo también registra una reducción pues pasó de $765,6 millones a $712,4 millones, es decir una reducción del 7 %.

La falta de liquidez de los ciudadanos y empresas hace que este tipo de servicios tengan menos demanda, debido a la contracción económica.

Paralelamente, el sector de seguros que más siniestralidad ha mostrado, es justamente el de salud. Así lo explicó Patricio Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg).

Para Salas, los seguros más expuestos a siniestralidad en los tiempos de COVID-19 son los de vida y asistencia médica, en los que desde mayo se nota mayor demanda de servicios e indemnizaciones. Pero todavía se espera que existan más reclamaciones ya que existe un retraso por las dificultades que han tenido los beneficiarios para presentar los reclamos, por la pandemia y la cuarentena, explica.

De acuerdo a las últimas cifras del sector, en abril y mayo hubo un incremento del pago de siniestros en el tema de salud y vida (no solo COVID-19) del 39 %. Mientras en el 2019, el pago fue de $107 millones, en estos dos meses del 2020 fue de $149 millones.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y coordinador de la iniciativa Juntos por la Salud, que aglutina a gremios de ese sector, dice que pese a que las pandemias están excluidas en todo el mundo, como una enfermedad a ser cubierta por las aseguradoras de salud, el acuerdo 126-2020 del Ministerio de Salud estableció esta obligación.

En el decreto, que se emitió para oficializar la declaratoria de emergencia sanitaria, se prohíbe a todas las empresas de seguro de salud privada y de medicina prepagada que limiten la cobertura adecuada, la evaluación y el tratamiento a los usuarios o paciente afectados por coronavirus.

Así de la información que ha sido compartida por las empresas, los promedios de costos por la atención a pacientes de COVID-19 han sido de $4000 y $5000 por paciente, pero con picos de hasta $31 000.

El alto índice de demanda, sobre todo en los primeros meses, hizo que en un momento las empresas pidieran que se estableciera un tarifario para evitar abusos en los cobros.

Sin embargo, al momento, no se ha avanzado en esta petición, pues parece haber un menor nivel de contagio, especialmente en Guayaquil. En todo caso, dice que aunque existen niveles manejables, aún persiste la preocupación de nuevas olas de contagio, además de que al momento hay pocas camas disponibles para la atención.

Aspiazu explica que, de todas maneras, que la cobertura de seguros de medicina prepagada no cubre a toda la población. En Ecuador existen 17 millones de personas, y solo 1,1 millones o 1,2 millones tienen dicha cobertura. El resto acude al sistema público de salud o al IESS.

De otro lado, Salas y Aspiazu coinciden en que los siniestros en general se han ralentizado en su reclamación. Sin embargo, esta tendencia debe cambiar desde este mes en que casi todos los cantones cambiaron a amarillo y seguramente será mucho mayor cuando las actividades se desarrollen bajo el semáforo verde.


Gremio hace propuesta para control en compras públicas de insumos por el COVID-19

La iniciativa “Juntos por la Salud” presentó una propuesta para reformar al Decreto 1033 que se puso en vigencia en mayo pasado, a fin de realizar compras de medicamento e insumos médicos de manera unificada. El decreto se había generado para evitar más casos de corrupción en este tipo de compras, que han proliferado por el COVID-19.

Juntos por la Salud propone que se establezca un Sistema de trazabilidad, la creación de un modelo la gestión Hospitalaria y control de inventarios en el sector público.

La propuesta de trazabilidad indica que se debería replicar el sistema que ya lo tiene la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, con código de barras, el cual contiene una primera información básica, pero fundamental que permite el abastecimiento sin desfases en el sector privado. Este proceso contempló el diseño y construcción de la base de datos que se requiere para el seguimiento de cada medicamento movilizado. Esta tarea debe desarrollarla primero en un plan piloto.

El modelo de gestión hospitalaria y control de inventarios consiste en controlar la dispensación de bienes de salud y medicamentos al interior de cada unidad de salud de la red pública. Para ello se debe implementar software y hardware que permitan hacer un monitoreo preciso.

Además proponen la modificación del mecanismo de registro y funcionamiento del Registro Único de Proveedores (RUP). Se plantea que no haya proveedores del Estado personas que no cumplan con la ley ni con los requisitos estipulados en la ley de especialidades para el tipo de obra, bien o servicio a ser entregado al Estado.